Es la política pública del Estado Libre Asociado de Puerto Rico asegurarle a toda persona que no se le discrimine en su contra por haber sido diagnosticada con VIH positivo o porque padezca del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). En el caso de personas jurídicas o grupos familiares, que no se le discriminen en su contra por tener en su matrícula o clientela personas con VIH positivo o que padezcan del Síndrome de Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA).