(1) Que existen dentro y fuera de los límites urbanos de los pueblos y ciudades de Puerto Rico, zonas susceptibles a inundaciones por efecto de lluvias, crecientes, marejadas, desbordamientos de ríos o quebradas, u otras fuerzas de la naturaleza que afectan las vidas y propiedades de los presentes y futuros habitantes de dichas zonas, así como la salud, seguridad, orden, conveniencia, prosperidad, estabilidad económica y bienestar de la comunidad en general.
(2) Que en perjuicio del interés público están ubicadas en estas zonas y continuamente se construyen casas y otras edificaciones, cuyos habitantes o usuarios están expuestos, por efecto de las inundaciones, a perder sus vidas y haciendas y a contraer enfermedades que pueden desarrollarse en epidemias, lo cual constituye una amenaza a la salud, seguridad y el bienestar de la comunidad.
(3) Que es el interés del Estado Libre Asociado de Puerto Rico adoptar medidas encaminadas a reducir o eliminar las pérdidas de vidas y haciendas por efecto de inundaciones.
(4) Que las referidas medidas constituyen un fin público para lo cual pueden y deben invertirse fondos públicos.
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