(1) Garantizar el derecho a un medio ambiente sano y establecer las facultades para la elaboración y aplicación de políticas públicas para la adaptación al cambio climático y la mitigación de emisiones de gases y compuestos con efecto invernadero.
(2) Regular las emisiones de gases y compuestos de efecto de invernadero para lograr una reducción de sus concentraciones a un nivel que impida las intervenciones humanas peligrosas en el sistema climático.
(3) Reducir la vulnerabilidad de la población y los ecosistemas de la isla frente a los efectos adversos del cambio climático.
(4) Promover la transición hacia una economía competitiva, sustentable y de bajas emisiones de carbono, con un sistema energético descentralizado y con energías renovables, encaminadas a disminuir sustancialmente la dependencia de combustibles fósiles en el 2035.
(5) Adaptar los sectores productivos e incorporar el análisis de la resiliencia al cambio climático en la planificación, las actividades, las infraestructuras y las edificaciones.
(6) Fomentar la educación, la investigación, el desarrollo y la transferencia de tecnología, y difundir el conocimiento en materia de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático.
(7) Establecer mecanismos que provean información objetiva y evaluable sobre todos los aspectos relacionados con el cambio climático, su evolución temporal y sus impactos.
(8) Promover la participación ciudadana y la de los agentes económicos y sociales en la elaboración y evaluación de las políticas climáticas.
(9) Fijar los instrumentos de seguimiento de las emisiones de gases de efecto de invernadero para los diversos sectores, productos y servicios.
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